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El Gobierno aprueba la obligación de las empresas de registrar la jornada laboral de los trabajadores

El registro deberá ser aplicado a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir del 12 de mayo de 2019

El 12 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del estado el Real Decreto-Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El capítulo III de este Decreto-Ley dedica el artículo 10 a la regulación del “Registro de Jornada”. Modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un apartado 9, para establecer la obligación por parte de las empresas de registrar la jornada laboral (“deberá garantizar el registro diario de jornada”) y debe incluirse en ese registro el “horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”.

El Decreto-Ley precisa que la puesta en marcha de este registro, su organización y documentación, se debe hacer mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa; o, si no lo hay, mediante decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores consultando previamente a los representantes de los trabajadores.

La empresa debe de conservar los registros de la jornada de cada trabajador durante cuatro años.

También modifica el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores para que el Gobierno quede facultado para “establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos” en los sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran, «previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

Finalmente se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para incluir en el apartado 5 del artículo 7, como infracción que acarrea una sanción grave, “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del estatuto de los Trabajadores”.
Las sanciones graves pueden ser sancionadas con multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas, aunque no son individualizadas.
En la exposición de motivos del Decreto-Ley, se justifica la implantación del registro como medida para combatir la precariedad laboral, refiriendo que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018, más de la mitad de los asalariados señalaban trabajar más de 40 horas a la semana y muchos de los contratados a jornada parcial decían que su jornada efectiva no coincidía con la declarada. Además, un 48 % de las personas que hacen horas extra declaran no cobrarlas, lo que precariza la situación laboral del trabajador e incide en las arcas de la Seguridad Social, que no percibe las cotizaciones correspondientes a esas horas trabajadas.

Hay que recordar que el Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo estableció, mediante la sentencia de fecha 23 de marzo de 2017, que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y el de los horarios pactados. Sólo debían de llevar un registro de horas extras realizadas, doctrina que queda sin contenido con la aprobación de la nueva ley. Eso sí, en la propia sentencia se decía que era conveniente una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitar al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinaria.

Descarga el BOE con el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo 

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