Una consulta pública orientada a las empresas y organizaciones más afectadas por la actual normativa

La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información está analizando la posibilidad de modificar la normativa vigente sobre la regulación de la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas y equipos de telecomunicación. Con este fin y para dar cumplimiento a nuestra normativa legal, ha abierto un periodo de consulta pública para que los sujetos y organizaciones más representativas que, potencialmente, pudieran estar afectados por el cambio de la norma, puedan presentar las alegaciones y aportaciones que estimen convenientes. El plazo para presentarlas comenzó el 21 de febrero y finaliza el 9 de marzo de 2018.

La razón fundamental que se alega desde el Ministerio es que la normativa legal en vigor está constituida por el artículo 59 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Dicho artículo es el que prevé que “mediante Real Decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad” (de instalación y/o mantenimiento). La Dirección General de Telecomunicaciones considera que el procedimiento descrito tanto en el Reglamento RIN, como en la Orden ITC, podría precisar de una adaptación a la Ley General de Telecomunicaciones, dado que ésta es posterior ambas. También considera la conveniencia de realizar algunos ajustes en la normativa para adaptarla a las necesidades actuales de los servicios de instalación.  Por eso recaba la opinión de las organizaciones y sujetos afectados sobre:

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
3. Los objetivos de la norma.
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

AMIITEL presentará alegaciones en favor de las empresas de telecomunicaciones

En AMIITEL ya estamos trabajando para presentar las aportaciones recabadas y se ha creado una comisión que presentará la oportuna respuesta. Partimos de una serie de principios básicos que consideramos deben plasmarse en la futura normativa y cuya inclusión vamos a defender por ser mejor, no sólo para los intereses de las empresas del sector, sino también para los intereses y derechos de los consumidores.

Entendemos que la normativa en vigor, pionera en Europa, ha supuesto un revulsivo para el sector de las telecomunicaciones. AMIITEL apoya que se mantengan las líneas básicas de esa regulación, exigiendo un título habilitante para la prestación de servicios, con las exigencias mínimas establecidas hasta la fecha, que habrán de manifestarse mediante la declaración responsable.

Consideramos que el Registro de empresas instaladoras ha supuesto un muro de contención frente al intrusismo y supone una garantía de responsabilidad para los consumidores.

La exigencia de medios técnicos y de personal cualificado incide en esas garantías para los usuarios de las empresas instaladoras y ha conseguido una mejora en la eficacia y competitividad de las empresas del sector.

Finalmente, también mantendremos la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil garante del patrimonio de las empresas y de los perjuicios que puedan sufrir los bienes públicos y los de los usuarios.